La propuesta de reforma constitucional para reducir la jornada laboral en la Cámara de Diputados está en el centro del debate debido a que, de ser aprobada en sus términos actuales, dejaría fuera de la reducción a más de 5 millones de trabajadores del sector público.
Aunque datos del INEGI revelan que un considerable porcentaje de empleados gubernamentales labora más de 48 horas semanales, la modificación en análisis solo impactaría el apartado ‘A’ del artículo 123 de la Constitución, excluyendo a los trabajadores del apartado ‘B’.
Esta situación generaría una discrepancia en las jornadas laborales entre el sector público y privado, ya que la propuesta solo reconocería la reducción de la jornada de trabajo para los empleados de la iniciativa privada, dejando al sector público con una jornada laboral superior, lo que podría ser motivo de controversia en caso de ser aprobada en su forma actual.
