Entre el 2015 y 2021, el exalcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo, permitió que una red de empresas corruptas se aprovechara de los recursos municipales, según revela El Norte.

Entre 2015 y 2021, durante las administraciones del panista Héctor Castillo, el municipio de Santa Catarina realizó pagos por un total de 101.4 millones de pesos a 17 empresas conocidas como “todólogas”, las cuales facturaron servicios y obras que nunca fueron entregados.

De acuerdo con los resultados de la auditoría, se descubrió que estas empresas simulaban ofrecer servicios, obras o productos que iban más allá de su giro comercial y fueron contratadas sin seguir el proceso de licitación correspondiente. Esto plantea serias preocupaciones sobre la transparencia y legalidad de los contratos otorgados durante ese período.

Las 17 empresas involucradas son las siguientes: Constructora Filde, Comercializadora 7728, Comercializadora NKT, Comercializadora Caloza, Berater Bufet Integral, Grupo Altach, Comercializadora y Servicios Castrum, Constructora Droxa, Bufette de Obras, Servicios y Suministros, Servicios de Publicidad Kanker, Comercializadora Pchan, Comercializadora Aimiera, Comercializadora Ykot, Comercializadora Chirg, Comercializadora DDR, Lagriv Servicios y Comercializadora Tinoco.

Durante el proceso de auditoría, se identificó que 10 de estas empresas estaban relacionadas entre sí a través de sus socios, o tenían vínculos con firmas previamente declaradas como “factureras” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, resultó preocupante que varias de estas empresas fueran creadas poco antes o incluso en la misma fecha en que fueron contratadas, lo que sugiere una posible intención de evadir la vigilancia y los controles establecidos.

La auditoría también reveló que hasta 26 nombres se repetían en hasta seis empresas distintas.

Durante las investigaciones llevadas a cabo por EL NORTE, se constató que solo dos de las empresas señaladas, Comercializadora 7728 y Bufette de Obras, Servicios y Suministros, pudieron ser localizadas en sus respectivos domicilios fiscales.

En contraste, se encontraron casas abandonadas, terrenos baldíos, plazas comerciales y direcciones inexistentes en los demás casos, lo que levanta sospechas sobre la existencia real de estas empresas y su capacidad para realizar los supuestos servicios y obras facturados.

Un ejemplo revelador de esta situación se observó en Constructora Filde y Grupo Altach, quienes compartían el mismo domicilio en la Calle Revolución 3528, en Monterrey. Esta dirección correspondía a una plaza con locales comerciales, donde se presume que ambas empresas operaban. Ambas empresas, junto con Constructora Droxa, presentaron facturas por trabajos de mantenimiento en jardines y bibliotecas, videos, coffee break, trípticos y otros servicios similares.

Asimismo, se encontró una relación entre NKT y Lagriv a través de sus socios con Comercializadora Ykot y Comercializadora DDR, esta última ya declarada por el SAT como una empresa “facturera”. Estas conexiones entre las empresas involucradas refuerzan las sospechas de irregularidades y prácticas fraudulentas en los contratos otorgados por el Municipio de Santa Catarina durante el periodo mencionado.

La revelación de estas acciones ilegales y la existencia de empresas “todólogas” que facturaron por servicios y obras no entregados ha generado una gran indignación y preocupación en la comunidad. Se espera que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para investigar a fondo este caso y sancionar a los responsables.

Con información de El Norte