Las dificultades financieras llevaron al retiro del apoyo en Santa Catarina, afectando la educación y el bienestar de los jóvenes que perdieron a sus padres en el cumplimiento del deber.
En un suceso que tuvo lugar en 2013, la administración municipal de Santa Catarina decidió retirar el apoyo que brindaba a los hijos de policías y agentes de tránsito fallecidos por ataques del crimen organizado. Durante dos administraciones anteriores, el municipio había proporcionado becas escolares y otros beneficios significativos a estos jóvenes, reconociendo así su sacrificio y el de sus familias.
Según informaron algunos de los afectados en aquel entonces, el alcalde Víctor Pérez fue quien dio la orden de suspender esta ayuda, argumentando las dificultades financieras del Ayuntamiento y su incapacidad para mantener ese gasto.
La medida generó gran indignación entre las familias que dependían de este apoyo para garantizar la educación de sus hijos y su bienestar. Además, el municipio también dejó de ofrecer el servicio de atención médica a los familiares de las víctimas de la violencia, agravando aún más la situación.
En ese momento, las familias afectadas se encontraron en una situación difícil y tuvieron que buscar soluciones por cuenta propia. El retiro abrupto de este apoyo por parte de la administración municipal en 2013 dejó en evidencia las carencias y la necesidad de respuestas urgentes para estas familias.
Con información de El Norte
