Durante la administración panista de Héctor Castillo, las denuncias de fraccionamiento y desmonte ilegal en la Huasteca marcaron un periodo de intensa preocupación para los ciudadanos.
En el panorama político de Nuevo León, se vislumbran casos de alcaldes que ocupan sus cargos en una suerte de “úsese y tírese”, dejando en entredicho la verdadera vocación de servicio. Entre ellos, destaca el de Héctor Castillo, una figura controvertida que ocupó el asiento de la alcaldía de Santa Catarina.
Si bien no es el único caso en cuestión, su historia es particularmente destacada. Surgió en medio de la sombra del poderío de la familia de Víctor Pérez, diputado federal y exalcalde del mismo municipio. Una dinámica donde la percepción de propiedad sobre el cargo político generó un entorno lleno de tensiones y disputas.
Santa Catarina, con su tesoro natural, alberga en su seno una porción del Área Natural Protegida del Parque Nacional Cumbres, conocida como La Huasteca. A lo largo de tres décadas, este territorio ha estado bajo el radar de desarrolladores, planteando preguntas críticas sobre su preservación. En este contexto, Héctor Castillo Olivares emergió como una figura central, enfrentando acusaciones de fraccionamiento y desmonte ilegal en la zona.
Las denuncias, por su gravedad, han desencadenado un huracán mediático y cuestionamientos a su gestión. Resulta sorprendente que ante estas acusaciones, Héctor Castillo haya guardado un silencio ensordecedor, sin dar respuesta a la comunidad y al medio ambiente que claman por claridad y transparencia.
Llama la atención que, a pesar de las pruebas presentadas, las autoridades federales como la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conam) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hayan permanecido en silencio, sin tomar acciones efectivas para detener lo que muchos denominan un “ecocidio” en desarrollo.
Dionisio Herrera Duque, quien en su momento lideró Santa Catarina, señala directamente a individuos como Ramiro Guzmán, a la cabeza de la inmobiliaria Grupo Marfil, como responsables de los trabajos de desmonte en La Huasteca. También apunta a Fernando Elizondo Barragán, expresidente del Consejo del Parque Cumbres, como figura clave en la permisión de este acto ilícito.
Además, cabe destacar que el alcalde Héctor Castillo Olivares ha sido acusado de intentar amedrentar a reporteros que investigaban los detalles del ecocidio en La Huasteca. Un incidente que, en lugar de disipar las dudas, solo ha elevado más preguntas: ¿Qué se oculta detrás de este comportamiento? ¿A qué intereses realmente sirve?
Con información Los Tubos
