¡Inaudito! Los exalcaldes de Santa Catarina, Víctor Pérez y Héctor Castillo, habrían pagado hasta 566% de sobrecosto a una empresa médica durante sus gestiones.
Una investigación del periódico El Norte reveló la existencia de pagos inflados y prácticas deshonestas en la prestación de servicios médicos en el municipio de Santa Catarina durante las administraciones encabezadas por los panistas Víctor Pérez y Héctor Castillo.
La empresa involucrada en estas prácticas es Top Medical, un pequeño consultorio ubicado en el Obispado. De acuerdo con la investigación, la compañía recibía pacientes y los canalizaba a hospitales privados para que recibieran atención médica real. Sin embargo, el precio de los servicios médicos era inflado de manera exorbitante antes de ser facturado al municipio, en acuerdo con los funcionarios panistas, generando así ganancias ilícitas.
Entre septiembre de 2015 y junio de 2022, Top Medical facturó alrededor de 231.9 millones de pesos al municipio. La compañía había sido contratada para brindar servicios hospitalarios a los trabajadores de Santa Catarina, ya que la administración municipal carecía de la capacidad e instalaciones necesarias para hacerlo. Sin embargo, Top Medical subcontrató a hospitales privados, en violación del contrato establecido, excepto en casos especiales.
Algunos de los hospitales utilizados en este esquema ilegal fueron: Swiss Hospital, San Jorge, Conchita y Christus Muguerza Sur.
La investigación concluyó que los costos inflados generaron un sobreprecio de hasta el 566% en los servicios médicos prestados por Top Medical. En junio de 2022, el municipio rescindió el contrato con la empresa, evitando así pagos programados por otros 71 millones 555 mil 169 pesos.
Las revelaciones de este esquema de corrupción han generado indignación en la comunidad de Santa Catarina. Los ciudadanos exigieron una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones a los responsables.
También se han exigido medidas para prevenir y castigar actos de corrupción similares en el futuro, con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública y el sistema de salud.
